Posteado por: Mexico Global | abril 18, 2014

Humo blanco en diálogos de paz en #Venezuela

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Tres horas duró este martes el encuentro entre el Gobierno Bolivariano y la oposición para intentar poner fin a la ola de violencia que vive Venezuela. Aunque no fue televisado en vivo como en la ocasión anterior, al final de la reunión cada una de las partes ofreció sus consideraciones.

Se anunció allí la concreción de algunos acuerdos como realizar un tercer encuentro la semana próxima, unificar posiciones en torno a la economía, la seguridad, la Comisión de la Verdad y la elección de los poderes públicos, todos basados en el respeto pleno a la Constitución.

En esta ocasión los partidos políticos de derecha representados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fueron los primeros en hablar. El secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, condenó la violencia “venga de donde venga”, y aceptó trabajar en pos de la disminución de la misma, asegurando que dicho grupo político está de acuerdo con el plan de pacificación impulsado por el Gobierno.

 

El vicepresidente Ejecutivo del país, Jorge Arreaza, quien lidera la comisión de enlace con la oposición en los debates, saludó la decisión de la MUD de retomar el Plan Patria Segura para el resguardo de la ciudadanía.

Respecto a la Comisión de la Verdad instalada por el Gobierno para investigar los hechos violentos que desde el 12 de febrero azotan esa nación y que se han cobrado 41 vidas, se conoció la decisión de ampliarla con otras personalidades y trabajar de mutuo acuerdo para esclarecer lo hechos por la vía de la justicia y la paz.

Otro de los acuerdos adoptados en este segundo encuentro fue activar los mecanismos en la Asamblea Nacional para avanzar en la elección de las autoridades de los poderes públicos cuyos cargos están vencidos. La designación de nuevos representantes en esos poderes formó parte de las críticas de la derecha en la cita exploratoria del jueves pasado.

Aveledo, por su parte, retomó el pedido de la ley de amnistía para liberar a un grupo de opositores presos por cometer delitos sancionados en la legislación venezolana. Específicamente, pidió la libertad del exfuncionario policial Iván Simonovis, quien cumple una condena de 30 años por su responsabilidad en la muerte de varias personas durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez el 11 de abril del 2002.

La respuesta del actual Ejecutivo fue—dejando claro su posición de que los culpables serán juzgados en apego a las leyes— realizar una reunión para escuchar a los familiares de las víctimas de aquella masacre en el Puente Llaguno.

A pesar de los avances en términos generales que se evidencian en los diálogos con la oposición, el sector más radical de la derecha ha rechazado participar en esta iniciativa gubernamental asistida por el trabajo de acercamiento de la Unión de Naciones Suramericanas así como un enviado del Vaticano.

Al respecto, el analista político venezolano Heiber Barreto comentó a Granma que la concreción y realización de los diálogos convocada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro representa un triunfo político, pues está logrando aislar a la oposición extremista que auspicia y promueve las guarimbas (protestas violentas) y la subversión, de aquella oposición que reconoce o ha tenido que reconocer la legalidad y la legitimidad del gobierno.

Sobre este segundo encuentro, Barreto consideró que el mismo alcanzó vislumbrar posibles acuerdos de coordinación entre el gobierno central y gobiernos estaduales y municipales conducidos por líderes de oposición, con el objetivo de adelantar políticas públicas más efectivas en los ámbitos del abastecimiento y la seguridad ciudadana, temas presentes en la agenda de las partes.

“Considero que la mayoría de la población que abogaba por una cita que auspiciara la disminución del clima de intolerancia y de violencia política que ha venido viviendo Venezuela desde el 12 de febrero, está satisfecha”, según el analista Barreto.

El vicepresidente Ejecutivo del país, Jorge Arreaza, quien lidera la comisión de enlace con la oposición en los debates, saludó la decisión de la MUD de retomar el Plan Patria Segura para el resguardo de la ciudadanía.

Respecto a la Comisión de la Verdad instalada por el Gobierno para investigar los hechos violentos que desde el 12 de febrero azotan esa nación y que se han cobrado 41 vidas, se conoció la decisión de ampliarla con otras personalidades y trabajar de mutuo acuerdo para esclarecer lo hechos por la vía de la justicia y la paz.

Otro de los acuerdos adoptados en este segundo encuentro fue activar los mecanismos en la Asamblea Nacional para avanzar en la elección de las autoridades de los poderes públicos cuyos cargos están vencidos. La designación de nuevos representantes en esos poderes formó parte de las críticas de la derecha en la cita exploratoria del jueves pasado.

Aveledo, por su parte, retomó el pedido de la ley de amnistía para liberar a un grupo de opositores presos por cometer delitos sancionados en la legislación venezolana. Específicamente, pidió la libertad del exfuncionario policial Iván Simonovis, quien cumple una condena de 30 años por su responsabilidad en la muerte de varias personas durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez el 11 de abril del 2002.

La respuesta del actual Ejecutivo fue—dejando claro su posición de que los culpables serán juzgados en apego a las leyes— realizar una reunión para escuchar a los familiares de las víctimas de aquella masacre en el Puente Llaguno.

A pesar de los avances en términos generales que se evidencian en los diálogos con la oposición, el sector más radical de la derecha ha rechazado participar en esta iniciativa gubernamental asistida por el trabajo de acercamiento de la Unión de Naciones Suramericanas así como un enviado del Vaticano.

Al respecto, el analista político venezolano Heiber Barreto comentó a Granma que la concreción y realización de los diálogos convocada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro representa un triunfo político, pues está logrando aislar a la oposición extremista que auspicia y promueve las guarimbas (protestas violentas) y la subversión, de aquella oposición que reconoce o ha tenido que reconocer la legalidad y la legitimidad del gobierno.

Sobre este segundo encuentro, Barreto consideró que el mismo alcanzó vislumbrar posibles acuerdos de coordinación entre el gobierno central y gobiernos estaduales y municipales conducidos por líderes de oposición, con el objetivo de adelantar políticas públicas más efectivas en los ámbitos del abastecimiento y la seguridad ciudadana, temas presentes en la agenda de las partes.

“Considero que la mayoría de la población que abogaba por una cita que auspiciara la disminución del clima de intolerancia y de violencia política que ha venido viviendo Venezuela desde el 12 de febrero, está satisfecha”, según el analista Barreto.

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