Posteado por: Mexico Global | julio 1, 2014

Las #FARC y #EstadosUnidos: mito y realidad

Por: Nydia Egremy

En Colombia se libra la más grande batalla interna en América Latina contra las guerrillas, el narcotráfico y la parapolítica. La reelección presidencial de Juan Manuel Santos depende del diálogo que mantiene con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) para alcanzar la paz después de 50 años de conflicto interno.

Calificada en el pasado como narcoterrorista por Estados Unidos (EE. UU.), la guerrilla alcanzó acuerdos tan sustantivos que hoy la Casa Blanca busca definir su rol en la etapa posconflicto, con lo que aísla a la extrema derecha colombiana, su aliado en la región. Además de consumar el desarme de la guerrilla, Santos debe definir el curso de su alineación con Washington.

En el discurso que pronunció después de alcanzar la reelección, el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos exclamó: “Hemos llegado al fin de la violencia”. Pero esto es un mito. El también experiodista, exministro de Defensa y empresario sabe que su mayor reto está en las posiciones irreconciliables de la guerrilla –que aparece como un grupo débil, pero con gran operatividad– en la derecha colombiana (con la gran capacidad de maniobra del expresidente Álvaro Uribe) y en la polémica alianza de Colombia con EE. UU.

Por décadas, el conflicto interno entre esos tres actores se ha escenificado en las zonas más ricas del país, donde las élites explotan los recursos en perjuicio de la población local. Para el analista Xavier Calderón Castillo, las élites ven al Estado como botín, usan y entregan a las multinacionales los bienes y riquezas estatales en beneficio propio: el oro, el coltán, las tierras raras y los pocos hidrocarburos que quedan. Al mismo tiempo, la corrupción sistémica de mandos políticos y la clase adinerada vacía las arcas municipales, departamentales y nacionales.

Por ello, la analista Cecilia López Montaño urge a cambiar el comportamiento de quienes en medio de una sociedad tan desigual siempre han gozado de grandes privilegios, ya sea por sus fortunas o por pertenecer a familias que han detentado el poder político o económico, según señala en su reflexión titulada La élite colombiana.

Otros análisis apuntan a que el Estado colombiano se ausentó o fue muy débil en amplias zonas, particularmente en las rurales. Ese vacío fue aprovechado no sólo por los grupos revolucionarios sino por contrabandistas de esmeraldas y más tarde por narcotraficantes, que consolidaron una economía ilegal. En medio de ese vacío político quedaron los colombianos que sufrieron la corrupción, la represión del Ejército y la confrontación entre guerrillas y paramilitares.

La reacción ante esa violencia fue que la población huyó de sus hogares, profundizándose el analfabetismo, la pobreza y la precaria salud de los ciudadanos. En 2012 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), cifró en cuatro millones a esos desplazados (8.5 por ciento de la población total) y en 400 mil a quienes al huir abandonaron entre cinco y seis millones de hectáreas de cultivo. Otro efecto colateral fue el éxodo masivo de las víctimas de paramilitares a las ciudades, con lo que creció la población urbana y en consecuencia la oferta de mano de obra no calificada en las ciudades, donde además había poca demanda.

Los desplazados rurales convivían en las zonas metropolitanas con sus agresores, que huían a las ciudades para eludir a la Justicia. Esto se tradujo en el aumento de la pobreza y la disminución en la calidad de vida de los ciudadanos, como en Soacha, zona marginal a las afueras de Bogotá, donde las víctimas de la represión paramilitar fueron los nuevos rehenes de los desmovilizados.

A esas víctimas les preocupó que el Estado usara el erario en adquirir armas y no en mejorar su condición social. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que más de 15.2 millones de colombianos (34.1 por ciento de la población) viven en condición de pobreza, de ellos 4.3 millones en pobreza extrema; además de los más de dos millones 708 mil desempleados. En contraste, sólo en 2008 ese país tuvo el mayor gasto militar y, según el Banco Mundial, entre 2003 y 2011 gastó en armas casi el 3.4 por ciento del producto interno bruto (PIB).

FARC-EP

En su afán por justificar el gasto armamentista y seguir la doctrina de seguridad de EE. UU., los gobiernos colombianos acusan de la ingobernabilidad a las FARC-EP, lamás antigua y numerosa guerrilla de América Latina. Alejado de este argumento simplista, el periodista y colaborador de Le Monde Diplomatique, Hernando Calvo Ospina, contextualiza el origen de las FARC en el orden mundial resultante de la segunda posguerra, cuando América Latina y el Caribe quedaron como mercado de los excedentes estadounidenses.

Élites e inversionistas explotaban las inmensas reservas de materias primas y pactaban alianzas con Washington para contener al comunismo (Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas a Corea bajo mando estadounidense entre 1951 y 1954). La violencia se había desatado en abril de 1948 después del asesinato “por parte de la CIA y sus socios locales” del líder Jorge Eliecer Gaitán, refiere la periodista Stella Calloni.

En ese contexto interno, el 28 de mayo de 1964 inició sus operaciones un grupo mal armado de 52 hombres y tres mujeres al mando de Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo). Nacía así una guerrilla que llevaba como banderas la lucha contra el latifundismo, la represión gubernamental y una propuesta de alianza con los movimientos de izquierda rurales y urbanos, que dos años después se nombraría FARC, recuerda Hernando Calvo Ospina.

Se les atribuye responsabilidad directa en la muerte de más de 200 mil personas, según el informe Guerrilla y Población Civil: Trayectoria de las FARC 1949-2013, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Se les acusa de usar métodos de control en áreas rurales para penetrar en zonas cocaleras o estratégicas, de activismo electoral a través de la Unión Patriótica (exterminado por el Gobierno) y de crear nuevos frentes guerrilleros.

En su investigación Globalización, democracia y terrorismo, el historiador británico Eric Hobsbawn, afirma que el combate de las autoridades colombianas en estos últimos años ha superado, con mucho, la violencia política de esos guerrilleros. La confrontación escaló entre los años 80 y la década de los 90. Las FARC dominaban vastas zonas del país y acosaban al Ejército con intensas ofensivas; en reacción, el Gobierno se apoyó en los grupos paramilitares que aplicaron los fundamentos del Conflicto de Baja Intensidad para eliminar al enemigo interno que representaban la izquierda, la subversión y la insurgencia.

A la vez se planteó que las autodefensas (paramilitares) resguardaran a sectores agroindustriales, mineros y élites bajo protección del Estado. A seis meses de la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998), surgieron los grupos: Muerte a comunistas y guerrilleros (Macogue) y Colombia sin Guerrilla (Colsingue) y en noviembre de 1994 la Primera Cumbre de Autodefensas aprobó el asesinato de blancos selectivos guerrilleros, dirigentes políticos y sindicales. El grupo más violento e influyente fue Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de Carlos Castaño.

Hoy, 20 años después del auge de las FARC, circulan dos mitosmás sobre su situación: que están en paulatina “quiebra estratégica” y arrinconadas, o que han resurgido. El director de Decisive Point, Román Ortiz, opina que más del 90 por ciento de los municipios colombianos están libres de la acción de esta guerrilla; el investigador Camilo Echandía Castilla, estima que las FARC redujeron su nivel de combates al perder más de la mitad de su fuerza y territorio.

El propio Juan Manuel Santos afirma que el conflicto disminuyó porque el Ejército desactivó varios objetivos de alto valor. Finalmente, para la Fundación Ideas para la Paz (FIP) las alarmas del renacimiento se encendieron en falso, pues el grupo está en repliegue y su aparente resurgimiento es un recurso defensivo para retener las zonas donde sobrevive y evitar que el Gobierno ubique a sus mandos. Sólo para impedir que se localizara a Guillermo Sáenz Vargas (Alfonso Cano), las FARC libraron 279 acciones  en 114 municipios.

Sectores afines al expresidente Álvaro Uribe afirman que el grupo se recobróy que Juan Manuel Santos ha bajado la guardia;se basan en el Plan Renacer de las FARC contra la estrategia de Seguridad Democrática del Gobierno. El director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), Jorge Restrepo, estima que la guerrilla mantiene su capacidad de acción contra la fuerza pública y cifra en 10 mil a sus combatientes, más una base de apoyo que triplicaría ese número.

Con una visión más estratégica y lejos de ese debate, EE. UU. opta por expresar su apoyo “total” al proceso de paz. El 18 de junio el vicepresidente estadounidense Joe Biden, defendió en Bogotá su interés por definir el rol de Washington en la etapa posterior al diálogo; busca garantías para más de 700 multinacionales estadounidenses en aquel país. También quiere mantener los logros de 15 años de lucha contrainsurgente que el Plan Colombia consolidó con el rostro de guerra contra el narcotráfico.

Hoy la Casa Blanca, vía Departamento de Estado, diluye el cargo de “organización terrorista extranjera” que asignó a las FARC hace 17 años bajo la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva. También relega la Orden Ejecutiva 13225, del expresidente George Walker Bush en 2001, que integraba a la guerrilla en los Terroristas Globales con Designación Especial, así como a la Ley de Jefes de Organizaciones Delictivas de 2003 que la llamó “narcotraficantes extranjeros de importancia”.

Diálogo y mitos

La búsqueda del fin de la lucha armada entre el Gobierno y las FARC-EP los llevó a negociar una vez más en octubre de 2012. Ya lo habían hecho a finales de los años 90 en Oslo, y en este ciclo, Cuba y Noruega son garantes de ese diálogo bajo el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Cuba fue sede de los primeros encuentros en 1997 y Noruega tiene tradición en la solución de conflictos sin la participación de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El nuevo diálogo fue recibido con entusiasmo en la comunidad, incluso expresaron su apoyo: el presidente estadounidense Barack Obama, el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon –quien elogió a Cuba por acoger las negociaciones– y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). A la mesa están sentadas las delegaciones que dirigen Luciano Marín Arango (Iván Márquez) por las FARC y el ex presidente colombiano Humberto de la Calle. Discuten la agenda de cinco temas para transformar al país:1) Política de desarrollo agrario integral (propuesto por las FARC); 2) Participación Política, 3) Narcotráfico, 4) Víctimas y 5) Desmovilización.

Ya hay acuerdos en los tres primeros puntos. Se convino una reforma que termine con el acaparamiento de tierras y el latifundismo improductivo, que promueva la producción en favor de los campesinos. El segundo acordó que las FARC sean actores políticos de pleno derecho y que se garantice su desmovilización con amnistías.

El tercer acuerdo se alcanzó el 18 de mayo, y admite que fracasó la actual estrategia contra el narcotráfico por la demanda global; propone reducir la producción de drogas en el país, que con Perú es el principal productor de cocaína con 309 toneladas y 48 mil hectáreas de cultivo de coca, según la ONU. A su vez, Rodrigo Granda, llamado “canciller” de las FARC afirma que no se involucran en el procesamiento de drogas sino quesólo cobran un impuesto en las zonas productoras de coca.

El diálogo afecta a quienes buscan perpetuar la confrontación y lanzan campañas de rumores y mitos para desinformar. Algunos, como el líder de Un Millón de Voces Contra las FARC, Óscar Morales Guevara, afirman que el Ejército nacional será desmantelado en favor de la guerrilla, que ésta seguirá armada y que desde el Congreso reformará la Constitución para rendirse a un modelo marxista. El negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, denuncia los “mitos inverosímiles” de los críticos al proceso y afirma que es falso que en La Habana, Cuba, se entreguen las instituciones a las FARC, pues no se trata de obtener una paz a cualquier precio, sino que el objetivo es abrir una etapa para construir una paz estable y duradera.

De la Calle rechaza que se vaya a reducir al Ejército cuando finalice el conflicto y afirma que ese tema no se negoció. Niega que la reforma rural amenace la propiedad privada y explica que con el Fondo de Tierras para la Paz se apoyará a los sin tierra y a los pequeños productores. Las FARC pidieron asignar 16 millones de hectáreas a los campesinos para que el Estado salde su deuda histórica con ellos. Otras réplicas figuran en el sitio web de la campaña por la reelección del mandatario: http://www.santospresidente.com/proceso-de-paz/

Por su parte, el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri (Timoshenko), descarta que se sometan a una entrega “humillante” y asegura que seguirán su lucha si la oligarquía insiste una vez más en impedir la paz. En su 50 aniversario, el grupo insurgente denunció que, en su lucha por la reelección, Juan Manuel Santos acusó a la derecha de pretender asesinar las esperanzas de paz del pueblo colombiano, cuando él mismo ordenaba intensificar bombardeos en zonas aún bajo control de la guerrilla.

Y mientras esto ocurre, regiones enteras de Colombia siguen bajo control militar o paramilitar y un collar de bases estadounidenses atrapa al país, recuerda la periodista Stella Calloni, quien asimismo pregunta:“¿Qué clase de soberanía efectiva tiene un país en esas condiciones donde el paramilitarismo nunca se fue?” Ése es el país que el 7 de agosto atestiguará el nuevo Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.

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