Posteado por: Mexico Global | enero 13, 2015

Año incierto para #México en el mundo

Por Nydia Egremy, publicado en la Revista Buzos de la Noticia

La política exterior de un Estado refleja las fortalezas y debilidades de su política interna. Si bien nuestro país es la catorceava economía mundial, encara crecientes retos de política interna en materia de paz social y seguridad, además de dificultades económico-financieras que se agravan con la baja del precio mundial de petróleo, su principal producto de exportación, y la devaluación del peso. Así, la agenda internacional de 2015 se inició con el tradicional encuentro en Washington de los presidentes de Estados Unidos (EE. UU.) y México.

En ese contexto, es difícil que México proyecte una diplomacia asertiva, vigorosa y dinámica ante su vecino, socio y amigo. Históricamente, esa relación ha sido la más apreciada en la agenda bilateral, por la vecindad y el entramado de intercambios económicos, comerciales y financieros. Cabe citar que 10 por ciento de la población mexicana vive en aquel país y que la interdependencia de ambas economías se institucionalizó en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Otros rubros fortalecen ese vínculo, como seguridad, derechos humanos y migración. En materia de seguridad cabe recordar que en septiembre de 2014 el subsecretario para inteligencia y análisis del Departamento de Seguridad de la Patria, Francias Taylor, expresó que el grupo radical Estado Islámico usaba las redes sociales para divulgar un plan de posible ataque contra EE. UU. desde la frontera con México.

Además, desde fines del siglo XX el narcotráfico determina la relación bilateral, según el presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), Raúl Benítez Manaut. De acuerdo con su estudio La Iniciativa Mérida: nuevo paradigma en la relación de seguridad México-EE. UU.-Centroamérica, Benítez observa que el crimen organizado y su expresión más acabada, el narcotráfico, se convirtió, por varias razones, en el eje principal de la seguridad nacional en la relación México-EE. UU.

En coincidencia con esta visión, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de EE. UU. en su Estrategia Nacional 1999 advertía que la naturaleza trasnacional del fenómeno se expresaba en el incremento del crimen, la violencia y el deterioro social en México por el tráfico de drogas ilegales. Es por ello que desde 2007 EE. UU. aportó a México dos mil millones de dólares en el marco de la Iniciativa Mérida (IM), los que se destinarían a la capacitación de las fuerzas de seguridad, a condición de que México cumpliera con requisitos de defensa y respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, en los años subsecuentes varios organismos advirtieron que el combate a ese tráfico acarreaba el aumento en las violaciones a los derechos humanos en México. Por ejemplo, Carmen Álvarez elaboró para el Instituto de Justicia Procesal Penal en febrero de 2013 un texto en el que consignaba que EE. UU. condicionaría la entrega de 234 millones de dólares de la IM, a que México previniera y castigara las violaciones a los derechos humanos.

El condicionamiento, con base en el informe México y el 112 Congreso del Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense, pedía restringir la entrega de recursos hasta que el Gobierno mexicano garantizara el fin de la impunidad y respeto a las garantías individuales en la lucha contra el narcotráfico.

Otra forma de presión internacional no institucional es la denuncia que desde hace años ha manifestado Human Rights Watch (HRW) contra las que llama violaciones a derechos humanos del Gobierno mexicano. A unas horas de la reunión entre los mandatarios de EE. UU y México de enero de 2015, el director para América de HRW, José Miguel Vivanco, envió una carta a Barack Obama donde expresa su preocupación por lo que llama crisis de derechos humanos en México y le solicita que ya no certifique a México en materia de derechos humanos y cese la entrega de recursos para la IM.

Adicionalmente a esas presiones no institucionales desde EE. UU. contra la política interna de México, la prensa estadounidense ha dado amplia cobertura a los recientes acontecimientos en Guerrero, México. Randal Archinbold de The New York Times, describió el entorno social de las familias a que pertenecen los normalistas desaparecidos. Y The Washington Post describió la vigilia de los familiares a unas semanas de esos hechos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó el suceso como el más terrible.

En 2014 México fue evaluado por 87 países en el Segundo Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y recibió 176 recomendaciones. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) giró orden de medidas cautelares al Gobierno mexicano. Ambas instancias, muy influyentes en su jurisdicción, someten a escrutinio a México en esta materia.

Sin estrategia

En 2014 el Ejecutivo federal realizó 11 giras al extranjero, donde se entrevistó con 109 jefes de Estado y de Gobierno; a su vez, el canciller visitó 42 países y sus delegados participaron en múltiples mecanismos de diálogo y concertación —como el G-20, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) o la Alianza del Pacífico —. Pese a ese aparente activismo, no aumentó el protagonismo de México y nada anticipa que se logre este año.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la instancia gubernamental que conduce la política exterior del país. En 2015 la SRE ejercerá un presupuesto de ocho mil 100 millones de pesos y si bien es 4.4 por ciento mayor al que tuvo el año anterior, destinará siete mil 946 millones de pesos al gasto corriente, contemplando sueldos, salarios y prestaciones, según reporta el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF-2015).

Conforme a ese presupuesto, el canciller Antonio Meade Kuribreña percibirá tres millones 358 mil 199 pesos este año y los subsecretarios para América del Norte, para América Latina y el Caribe, así como el subsecretario de la cancillería, tendrán percepciones ordinarias brutas anuales de tres millones 187 mil 857 pesos. Ése es el costo para la sociedad de una diplomacia que debiera enfocarse a prioridades como la atención a los mexicanos en el exterior y a proteger los intereses nacionales.

No obstante esos recursos, la estrategia de la actual política exterior es inexplicable. Dos casos ilustran esta afirmación: El primero, es el anuncio del Presidente de la República ante el Segmento de Alto Nivel del Debate General del 69 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, en el sentido de que se reanudará la participación de elementos mexicanos en las misiones de Pacificación de Naciones Unidas (OMP).

El segundo es la falta de capacidad y de maniobra del Gobierno mexicano para lograr el acercamiento entre los gobienos de EE. UU. y Cuba, ambos vecinos, socios y amigos históricos de México. Tras el anuncio, el 17 de diciembre pasado, de la reanudación de relaciones entre Washington y La Habana, cobra importancia el debate sobre el futuro de los yacimientos transfronterizos de crudo en el Golfo de México que comparten los tres países y el comercio entre México y Cuba en un escenario pos-bloqueo.

El expresidente del influyente Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), Fernando Solana, expresó que lo que sigue con Cuba es fortalecer la relación. En vez de dudar sobre el futuro hay que entrar con mucha alegría a impulsar la relación con Cuba, incluyendo la presencia de capitales nacionales en la isla. Invertir allá de la misma manera como se hace en América Latina y en algunos países de Europa obliga a pensar. ¿Por qué no hacerlo también en Cuba?, expresaba el 18 de diciembre el también excanciller Solana.

Definir cuáles serán las prioridades de 2015 entre México y América Latina será importante. Hasta ahora se limitan a una participación protocolaria en los nuevos espacios de integración regional como Mercosur, el Alba y la Celac. De ahí que ante las críticas, el secretario Meade afirmara en septiembre: “no queremos que el discurso latinoamericano se exprese en comercio e inversión, sino en una plataforma como la de la Alianza del Pacífico, pues la cooperación con la región debe expresarse en obras, en mayor integración”. No obstante lo expresado por el canciller, no se vislumbra una política congruente que apunte este año en esa dirección.

Sin embargo, no hay que olvidar que la Alianza del Pacífico, constituída por México, Colombia, Perú y Chile, cuatro países con gobiernos conservadores y alineados políticamente con EE. UU. forman un bloque que trasciende los objetivos comerciales y financieros para llegar al ámbito político a favor de su promotor: EE. UU.
Nada augura que en 2015 cambiará la mirada mexicana hacia los países y regiones que viven en medio de conflictos, como en Medio Oriente, que es apenas protocolaria. A través de comunicados, la cancillería expresa su sorpresa o repudio cuando ocurren masacres, sin denunciar a los responsables de estos hechos.

El balance anual del Gobierno sostiene que el país ha abogado a favor de soluciones a través del diálogo, el respeto al derecho internacional como vías para solucionar controversias, en particular en los conflictos en Siria y entre Israel y Palestina. Y mientras países europeos, aliados estrechos de EE. UU. como Suecia y España anunciaron su reconocimiento a Palestina, México retrasa esa decisión indefinidamente frente a 135 países que ya lo hicieron.

El balance 2014 de la cancillería afirma que se delineó una estrategia de acercamiento con las economías de más rápido crecimiento en Asia. Los mandatarios de México y China sostuvieron su cuarto encuentro en menos de dos años y firmaron 14 instrumentos, entre ellos el Fondo Binacional de Inversión, así como otros que estimulan la cooperación en los sectores energético, minero, de infraestructura, manufactura, finanzas, turismo y alta tecnología.

En el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), México se aproximó a los países miembros en busca de estrechar los vínculos bilaterales y regionales en materia comercial e inversión. A la vez, se impulsó la relación con África para diversificar las relaciones diplomáticas y aumentar los intercambios comerciales, de inversión y cooperación. Con Rusia, otro actor importante, la relación no avanza en los términos deseados por la vocación estadounidense de nuestra diplomacia.

La conducción de las relaciones internacionales de México no sólo recae en el Ejecutivo federal sino en el Congreso, a través de sus comisiones de Relaciones Exteriores. El Senado tiene once comisiones, todas ellas alternan la presidencia entre los tres mayores partidos políticos. Por ejemplo, la de Asuntos Fronterizos Norte está dirigida por el Partido Acción Nacional (PAN); la de Asuntos Fronterizos Sur está dirigida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); la de Asuntos Migratorios por el Partido del Trabajo (PT); y la de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Simultáneamente, desde el Congreso se impulsan los llamados Grupos de Amistad con distintos países. Sin embargo, resulta vergonzosa la ignorancia de legisladores como el diputado José Antonio Hurtado del Partido Movimiento Ciudadano, quien en la instalación del Grupo de Amistad con la República Checa insistió en llamar a ese país Checoslovaquia –que se desintegró y desde 1992 ya no se denomina así– y afirmó que México y ese Estado comparten “la belleza de sus mujeres y de sus paisajes”.

De ahí que algunos legisladores propongan más transparencia en la política exterior para que la sociedad conozca el alcance real de los compromisos que el Gobierno adquiere internacionalmente. Es por ello que proponen reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que la SRE publique periódicamente en medios electrónicos un informe de sus actividades, cuyo contenido sea comprensible, accesible y oportuno. En este contexto complejo es donde se desarrollará la actividad diplomática de México este año. Sería deseable que los ciudadanos se interesaran más en este importante rubro.

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