Posteado por: Mexico Global | julio 1, 2015

#Ecuador y la nueva ofensiva de la derecha (#hablandodepolítica, #justiciaecológica, #somosrevolución)

Ecuador y la nueva ofensiva de la derechaFernando Vicente Prieto, TeleSur

Durante la semana del 8 al 14 de junio, sectores opositores al gobierno de Rafael Correa iniciaron una serie de protestas con miras a “calentar la calle” y desgastar al presidente. Acorde a las nuevas tácticas de la época, las movilizaciones incluyeron acciones de violencia.

 El disparador, esta vez, es el rechazo a reformas impositivas que afectan a una ínfima minoría privilegiada, quienes de todas maneras presentan las medidas como un ataque a toda la sociedad.

La reforma a la Ley de Herencias es el debate principal que recorre la superficie de la confrontación. El gobierno ecuatoriano propone que el 2% más rico pague impuestos por la transferencia de bienes en concepto de herencia. En verdad, de acuerdo a los cálculo previos, la afectación significativa sólo recaerá sobre el 0,1% de la población que tiene grandes propiedades. Sin embargo, una eficaz campaña mediática ha logrado poner en entredicho la propuesta, bajo el temor de que pueda recaer sobre el resto de la población.

“Que me demuestren que la Ley de Herencias y que la Ley a la Ganancia Extraordinaria afectan a los pobres y a la clase media, como han dicho falsamente, y yo mismo, personalmente, pediré el archivo de esas leyes. Pero si no lo logran demostrar se ratificará una vez más que son unos mentirosos”, expresó el lunes 15 de junio el presidente Correa, desde el balcón del Palacio de Carondelet, ante una multitud que le manifestaba su apoyo.

La semana previa, la derecha se había movilizado en Quito, Guayaquil y varias ciudades del país. Las protestas incluyeron acciones de provocación, apostando al choque con militantes de Alianza País, el partido de gobierno. Las agresiones incluso alcanzaron a figuras públicas relacionadas con el gobierno, como es el caso del ex asambleísta y ex ministro de Cultura, Paco Velasco, quien resultó herido por ataques de militantes opositores.

“Aquí nadie se me cansa, estamos más firmes que nunca”, señaló Correa, insistiendo en la importancia de las medidas: “El gran pecado social de toda Nuestra América, incluso en Ecuador, es la injusticia y la desigualdad”, afirmó. Sin embargo, el lunes por la noche, el presidente anunció que retiraba temporalmente los proyectos presentados al Parlamento, para garantizar la paz en el país, en especial durante la visita del papa Francisco, prevista para los primeros días de julio.

Esta decisión abre el juego a variadas interpretaciones. Por un lado, puede ser leído como un gesto de debilidad, ya que objetivamente representa un triunfo parcial de los sectores que impulsaron las protestas: como mínimo, se demora la sanción de las leyes. Por otro lado, también depende del proceso de debate amplio al que convocó Rafael Correa: si efectivamente se invierte el tiempo en generar politización y una mayor organización de las fuerzas populares, para impulsar con mayor legitimidad medidas redistributivas, se puede abrir un ciclo de mayor profundidad en el proceso de cambios.

Como sea, el telón de fondo indica que esta pelea puntual se encuentra en el marco de una disputa mucho más integral, que atraviesa a Ecuador y al conjunto de América Latina y el Caribe.

La nueva vieja derecha, el nuevo viejo imperialismo

Durante los últimos años, el Departamento de Estado de EEUU ha realizado cambios en su política hacia lo que considera su “patio trasero”. Ante la emergencia y consolidación de un nuevo mapa geopolítico, influido por el proyecto estratégico de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) -de claro signo antiimperialista-, EEUU ha puesto en marcha una contraofensiva basada en los mismos actores derechistas, bajo nuevas tácticas.

Se trata de la guerra no convencional, signada esencialmente por la batalla de ideas. Esto supone, en primer lugar, la invisibilización de los triunfos populares -especialmente, en los organismos de integración- y de los conceptos que encarnan esos avances.

En segundo lugar, implica la construcción de una agenda marcada por la permanente ofensiva política, donde los gobiernos del ALBA son presentados cotidianamente como agresores a los derechos humanos, en particular a la participación política, a la libertad de expresión y al bienestar económico. De esta manera, paradójicamente, los gobiernos que impulsan políticas de ampliación de derechos inéditas en sus países, son acusados de “oprimir a sus pueblos”, que una y otra vez los respaldan por medio del voto y la movilización.

En este esquema, como ya se ha utilizado en Venezuela, Bolivia y Ecuador (el 30S), sectores derechistas promueven movilizaciones callejeras “por la democracia”, a menudo identificándose con las tradicionales formas de protestas de los sectores populares. Su objetivo es tan viejo como la lucha de clases: presentar el interés particular de los sectores dominantes como si fuera el interés general de la sociedad.

Para esto cuentan con el inestimable apoyo de los medios privados -locales e internacionales-, de las ONG financiadas por agencias norteamericanas y europeas y, en última instancia, de todo el poder de la “diplomacia” de los Estados imperiales.

Un dato significativo es el momento elegido para generar las acciones de calle: la misma semana en que se desarrollaba la Cumbre entre la CELAC -presidida por el propio Rafael Correa- y la Unión Europea, que tuvo lugar en Bruselas, Bélgica, entre el 8 y el 11 de junio.

Este movimiento de largo alcance impulsado por EEUU no pasa desapercibido para los gobiernos de izquierda en la región. Antes de arribar a Ecuador, Correa aseguró que “no se trata de derogar la Ley de Herencia, se trata de tumbar al Gobierno”. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inmediatamente respaldó al gobierno ecuatoriano y situó la ofensiva en un marco general: “Desde América Latina vienen ahora las ideas de cambio en el mundo”, por lo cual se busca la desestabilización.

El comunicado del gobierno de Cuba puso énfasis en el trasfondo esencial de la disputa: “Grupos oligárquicos, apoyados en medios de comunicación, las redes sociales de Internet y la gran prensa transnacional, pretenden desacreditar al Gobierno legítimamente constituido, generar una crisis y desatar la violencia en un país estable y pacífico”, expresó el texto, difundido el 15 de junio.

“Estos hechos parecen repetir el mismo guión de desestabilización aplicado contra otros gobiernos progresistas de la región”, agregó rechazando “cualquier injerencia en los asuntos internos de ese país, en correspondencia con los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz”.

Precisamente estos son los temas clave que subyacen al episodio puntual en estos momentos en debate. ¿Será que no a todo el mundo le conviene una región de paz, integrada y caminando hacia un modelo de mayor soberanía? ¿Será que EEUU está previendo escenarios de confrontación y caos social como un elemento necesario para garantizar el control de las riquezas naturales de este territorio? ¿Será que en estos escenarios, los pueblos de América Latina y el Caribe tendrán la capacidad de seguir construyendo unidad y disputando el poder a las oligarquías y los grupos económicos que lo detentan?

Preguntas que atraviesan y marcarán la etapa política en la que estamos viviendo, al calor del renacer del sueño de la Patria Grande. Con sus inevitables respuestas, marchas e intentos de contramarcha.

 

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